“¡Ay de los pueblos gobernados por un Poder que ha de pensar en la conservación propia!”.
Jaime Luciano Balmes.
Esta columna identificaba hace dos entregas, tres áreas de oportunidad sobre las que debería girar la reforma de PEMEX: un Consejo de Administración autónomo de intereses políticos, un régimen fiscal menos voraz que permitiera la reinversión, y un sindicato honesto que usara eficientemente los recursos. Por fin, el ejecutivo presentó al senado la iniciativa de Reforma Energética y la propuesta no sólo no toca ningún elemento sustantivo, sino que incluso empeora la situación actual.
Las decisiones de todo órgano colegiado reflejarán siempre las preferencias y motivaciones de sus miembros. El Consejo de Administración actual de PEMEX no es la excepción y es muchas veces criticado por tomar decisiones con criterios políticos y no empresariales; y cómo no hacerlo si sus miembros son propuestos por el Ejecutivo y el Sindicato de PEMEX. La reforma empeora la situación: agrega a dicho consejo cuatro Consejeros Profesionales que además de tener una lista más amplia de requisitos, son nombrados por el ejecutivo mismo; así, el presidente tiene diez votos de quince posibles en el máximo órgano de decisión de la empresa petrolera. Con la reforma, el presidente decide.
La iniciativa se jacta de incluir criterios de transparencia y rendición de cuentas, al crear obligatoriamente un Comité de Transparencia y Auditoría, en el cual, sin embargo, se incluirán forzosamente tres Consejeros Profesionales (los cuales nombra el ejecutivo). Además la otra figura para vigilar el funcionamiento de PEMEX es el Comisario, quien representará a todos los poseedores de bonos ciudadanos ante la empresa paraestatal; este cargo, una vez más, será nombrado por el ejecutivo federal. Por último, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Control Interno, que no dependen totalmente del ejecutivo, vigilarán solamente el “cumplimiento de la normativa aplicable, y no podrán abarcar la revisión del desempeño del organismo, ni de las metas, objetivos, programas y controles administrativos de sus unidades “(Artículo 29 de la Iniciativa). Con la reforma, el presidente revisa.
Por otro lado, el principal debate entre la opinión pública, era si era deseable o no privatizar a la paraestatal. La iniciativa de la reforma evade el tema y sienta precedentes muy peligrosos: dicta una lista de casos especiales en los que PEMEX y sus organismos subsidiarios pueden contratar por invitación y asignación directa, saltándose así, todo proceso de licitación (Art. 45). Más aún, establece que PEMEX puede celebrar contratos en los que “podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”, como pueden ser “una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”. Con la reforma, el presidente contrata.
Por último, resultó bastante novedoso el surgimiento de Bonos Ciudadanos que sirvieran para financiar la deuda de la paraestatal. Éste podía ser un importante incentivo para ciudadanizar a PEMEX, sin embargo la iniciativa es muy clara cuando explicíta que “los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derecho corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos” (Art. 41). Además, el Comisario –nombrado por el ejecutivo– “será el encargado de velar por los intereses de los tenedores de estos bonos” (Art. 42); más aún, cualquier operación que sea hecha fuera de la normatividad que dictará la Secretaría de Hacienda (sí, dependiente del ejecutivo) pasarán “los títulos negociados a la propiedad del Gobierno Federal, sin perjuicio de las responsabilidades aplicables“(Art. 41). Con la reforma, el presidente manda.
La iniciativa de reforma presentada por el presidente, no sólo no resuelve los problemas de la paraestatal, sino que los agrava; el poder de decisión de la empresa ya no queda en unas pocas manos, sino en sólo unas, las del presidente. Los detractores de la reforma argumentaban que el petróleo mexicano quería ser vendido a las manos de los extranjeros, nada más erróneo: PEMEX quiere ser regalada a sólo un mexicano. El escenario es peor a lo previsto por el más pesimista de los opositores. Para evitar que estas atrocidades que no sólo atentan contra PEMEX, sino contra la democracia misma, sean aprobadas en el Congreso de la Unión, sólo hay un camino: el debate público, abierto, pacífico e informado.
